La maté porque era mía.

Era cuestión de tiempo que las cajas de ahorros comenzasen a ser intervenidas por el Banco de España. Al fin y al cabo, debían haberlo sido hace tiempo y la situación en la que se encuentra España actualmente (margen de endeudamiento público agotado y el mayor déficit por cuenta corriente de la historia) se debe a la hispana costumbre de barrer la mugre bajo la alfombra, convirtiendo al Estado (o sea, al contribuyente) en avalista, desde hace años, de entidades bancarias quebradas. Sin embargo, Cajasur no entraba, prácticamente, en ninguna de las quinielas en las que se pronosticaba cuáles serían las primeras cajas en caer.

Cajasur, en cuya junta directiva tiene un peso muy importante (y decisivo) el Cabildo catedralicio de Córdoba, lleva tiempo resistiéndose a la absorción o a la fusión con otras cajas andaluzas. De hecho, la Junta de Andalucía, cuando ya era evidente que los pufos inmobiliarios (impagos de constructores, promotores o de españolitos de a pie) pasarían factura tarde o temprano a los balances de las cajas, acorraló a la caja cordobesa sacando una ley que prohibía, a las cajas andaluzas, fusionarse con otras de fuera de la comunidad.

Por tanto, la situación de acoso (con quiebra de por medio, en esta ocasión) en la que se encontraba Cajasur no le resulaba ajena en absoluto a a nadie familiarizado con las presiones a las que ha sometido la Junta de Andalucía a esta caja para poder incluirla en su esfera de influencia (influencia que, en las cajas de ahorros, supone - debido a la presencia de consejeros nombrados por partidos políticos- que el reparto, entre colegas y conocidos, de dinero a fondo perdido, en forma de créditos que ya se sabe de antemano que no serán devueltos por la inviabilidad de la operación que sirve de excusa, sobre el papel, para concederlos).

Pero lo más llamativo de la intervención de Cajasur por parte del Banco de España ha sido el siguiente detalle: Unicaja estaba dispuesta a abonar un total de 200 millones de euros en indemnizaciones a los 1.224 empleados de CajaSur que serían despedidos tras la fusión (eso supone unos 180.000 euros por cabeza, de media). O dicho de otra manera: El deseo de controlar CajaSur por parte de la Junta de Andalucía era tan evidente (la ocasión la pintaban calva) que Unicaja, controlada por la Junta, estaba dispuesta, incluso, a pagar una cantidad innecesariamente elevada en indemnizaciones por despidos para absorber una entidad ruinosa.

Y, sin embargo, la mayoría del consejo de administración de la entidad en quiebra (incluyendo seis sacerdotes de los que la prensa ya distribuye una foto en plan "Reservoir Dogs") ha preferido la intervención del Banco de España antes que la fusión con Unicaja.

Según el Obispo de Córdoba se ha hecho para salvar puestos de trabajo y evitar los despidos. Falso (y lamento escuchar a un Obispo intentar defender lo indefendible, por mucho que Monseñor Portavoz nos cure de espanto haciéndolo con tanta frecuencia). Esos puestos de trabajo se perderán igualmente bajo la intervención del Banco de España, y, además, con indemnizaciones mucho menores que las que generosísimamente ha puesto Unicaja encima de la mesa.

De hecho, y al ritmo al que están ocurriendo las cosas, cuando se realice la inminente "reforma laboral", las indemnizaciones a las que tendrán derecho los que sean despedidos de CajaSur (que, probablemente, acaben siendo más de los 1.224 de los que se habla ahora una vez se ponga a subasta la entidad) no serán menores. Serán ridículas, seguramente.

Resumiendo: que el Cabildo de Córdoba (y el Obispo, se supone, ya que defiende la postura de éste) ha preferido que más de 1.000 personas se queden en la calle con una mano delante y otra detrás antes que permitir que CajaSur entera caiga en manos de la Junta (al frente de la cual, además, a los socialistas les queda bien poco). De hecho, como bien apunta Eulogio López, la intervención de CajaSur en el Banco de España supone la entrada de éste (dirigido e influido por personas aún más ideologizadas que las que mandan en la Junta de Andalucía) en el accionariado de Cope y Popular TV (aunque tampoco se iba a notar mucho: el hooliganismo de estos medios a favor de un conocido partido abortista es público y notorio). Por ello, hay forzosamente que hacerse una pregunta: ¿Qué gana la Iglesia -o la Conferencia Episcopal, que no es exactamente lo mismo- con todo esto?.

Creo que la respuesta hay que buscarla tirando del hilo, como siempre: La intervención del Banco de España supone una inyección de dinero del contribuyente en CajaSur. Un dinero que procede de un fondo conocido por las siglas FROB (fondo que el gobiernodespaña intentó que fuese financiado por la UE, que propinó la lógica y merecida patada figurada al escuálido trasero de doña Elena Salgado cuando ésta se presentó en Bruselas con el plan). El FROB, como se pueden figurar, no es infinito, sino que dispone de una cantidad limitada de dinero. El gobiernodespaña no tiene un duro, porque ya nadie le compra deuda pública (y es lógico: ¿quién le va a prestar dinero a quien lo va a usar para avalar entidades bancarias quebradas?). Cada caja que caiga es un palo al FROB, que deberá ser reaprovisionado de fondos públicos convenientemente, mediante sablazos continuados y cada vez mayores al españolito medio (bajada de salarios a empleados públicos y subidas de impuestos).

Es decir, que obligando al Banco de España a intervenir en CajaSur, se obliga al gobierno a acelerar y agravar las progresivas metidas de mano que tiene previsto hacer en el bolsillo de los españoles, con el coste electoral que eso supone. Coste electoral que al que se añade, además, el ridículo que supone que se intervengan entidades bancarias en España mientras este país preside la UE (seguramente el gobierno tenía pensado intervenir las cajas tras el 30 de Junio) y se dedica a dar consejos a todo el mundo (y sobre estos temas, para más inri).

Sí, eso es: estoy insinuando que, (o preguntándome si) la Conferencia Episcopal (me niego a utilizar la expresión "la Iglesia") ha hecho todo esto para poder darle el primer golpe de gracia (precipitando los que vendrán después) a Zapatero y acelerar su salida del gobierno. Y todo por cambiarle al perro el collar rojo por otro azul celeste.

Tenemos ahora mismo en España a dos cajas solventes (y "socialistas", para que vean que el centrorreformismo es sólo un montón de tópicos) haciendo de apagafuegos (Cajastur y Unicaja) e intentando recoger toda la basura posible sin que el Banco de España tenga que intervenir (y ahorrarle desgaste electoral al partido en el gobierno).

No me extrañaría que, imitando la táctica utilizada en CajaSur, las siguientes cajas que, de pronto, solicitasen la intervención del Banco de España, fuesen también "peperas". La CAM, de Alicante, y Bancaja, de Valencia son, además, las que están en todas las quinielas de este tipo. Se trata además, no sólo de petar una caja tras otra para fastidiarle la fiesta a Zapatero mientras todavía es presidente de turno de la UE, sino también de hundir el barco o quemar el fuerte para que el enemigo no pueda usarlo contra tí; porque, conociendo al presidente del gobierno, ¿alguien duda que Zapatero sería capaz de retrasar la inevitable intervención de las cajas "peperas" y realizarla en plena campaña electoral ?. Mejor, por tanto, forzar ahora la intervención de las cajas (cuando la intervención hará daño, electoralmente, al gobierno).

Al final, como siempre, lo principal para unos y para otros, no es la buena gestión (aunque sea la buena gestión de una quiebra), ni tampoco el bien común: se trata, simple y llanamente, de votos. Hemos pasado de la lucha por el control de las cajas a la lucha por el control del calendario de quiebra de las mismas (y todo por cálculos electorales).

Y lo peor de todo es ver a los pastores de la Iglesia hacer de peones en el tablero en el que Anás y Caifás se disputan los despojos de España.