Los peces de colores: por qué se recurren leyes ante el TC.

A los aficionados a distraerse con los peces de colores y, en general, a todo aquél que ya ha hecho un hábito automático de justificar todo aquello que hagan o digan los líderes del PP, les ha encantado que Mariano Rajoy, dijese, en su momento (y, desde entonces, no ha hecho otra cosa que repetirlo, para que luego digan que "no se aclara") que, de aprobarse la "ley Aído", la recurriría ante el Tribunal Constitucional.

La ley abortista de 1985 (injustamente llamada "ley socialista de 1985" puesto que es defendida y no-aplicada con el mismo entusiasmo tanto por PP como por PSOE) fue, asimismo, recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional (para el que lo haya olvidado, el Tribunal Constitucional -la más alta instancia judicial "destepaís"- está formado por jueces nombrados a dedo por PP y PSOE).

El Tribunal Constitucional, demostrando que ya apuntaba maneras, dio una estupenda lección de eso que Orwell hizo notar, en su novela 1984, como una de las estrategias de engaño utilizadas en cualquier estado totalitario (con urnas o sin ellas). Dicha estrategia fue llamada por Orwell "doblepensar", y consiste en afirmar, simultáneamente, como ciertas dos cosas incompatibles entre sí.

El Tribunal Constitucional afirmó que el nasciturus era un "bien" (empezamos "bien": hablando de un ser humano como si fuese un objeto) "digno de protección jurídica" pero que, de todas formas, al que quiera matar un nasciturus no le vamos a hacer nada si cuenta con la firma correspondiente del psiquiatra de turno (accionista, o copropietario, en muchas ocasiones, del abortorio) en el papel que diga que la madre está o estará muy triste si no nos cargamos al "bien digno de protección jurídica".

Tras conocerse la sentencia, el PP (entonces AP, e integrado en la llamada "Coalición Popular", de la que formaba parte el partido Unión Liberal, en el que empezaba a destacar una joven de maneras pizpiretas, pero de una convicción a prueba de accidentes de helicóptero y de atentados islamistas casualmente coincidentes con sus viajes -como se demostraría después- llamada Esperanza Aguirre) afirmó, por boca de su diputado José Antonio Segurado, que, en caso de llegar al poder (era 1986) , nunca derogaría dicha ley.

Don José Antonio, por lo que seguimos viendo, fue escuchado únicamente por el mobiliario y las paredes de la sala en la que tuvo lugar la rueda de prensa, puesto que 10 años después, cuando el PP llegó al poder, muchos esperaban que José María Aznar derogase dicha ley. Y, aún hoy (casi un cuarto de siglo después de la afirmación del diputado Segurado -para que luego digan que los políticos no cumplen sus promesas), se sorprenden de que no la derogase.

Hoy en día, los políticos del PP saben igualmente que, cuando hablan, lo hacen para las paredes (o, como mucho, para los "ultraderechistas", que parecen ser los únicos que escuchan y recuerdan lo que dicen los líderes del PP), ya que, cuando dicen o hacen algo que a su masa social no le gusta, ésta, invariablemente, reacciona como si el líder pepero en cuestión no lo hubiese dicho o como si los líderes peperos viviesen en un permanente 28 de Diciembre que les hace decir lo contrario de lo que realmente piensan.

El caso es que, como hemos dicho, don Mariano Rajoy (no sabemos si para conmemorar las bodas de plata del volantazo pepero en cuanto al aborto se refiere -volantazo al que le han acompañado gustosos casi todos sus votantes, con las lágrimas de cocodrilo correspondientes para aliviar la conciencia) ha vuelto a repetir la misma jugada: en lugar de decir (¡con lo sencillo que es...si uno quiere decirlo, claro!) que derogará la "ley Aído" cuando gobierne, la ha recurrido al Tribunal Constitucional.

El hecho es que, si uno tiene intención de derogar una ley, no la recurre ante el Tribunal Constitucional. De hecho, si uno recurre una ley ante el Tribunal Constitucional es porque no quiere derogarla. ¿Por qué?. Muy sencillo.

Si yo quiero derogar una ley cuando gobierne, nada tengo que ganar y sí mucho que perder recurriéndola ante el Tribunal Constitucional, puesto que si éste falla que la ley en cuestión es "constitucional", me pone en un aprieto a la hora de derogarla (no me lo impide, puesto que una ley considerada como "constitucional" por el TC puede ser derogada igualmente -que sea "constitucional" no quiere decir que esa ley deba existir obligatoriamente-, pero sí me pone en un brete, ya que sería una muestra de cinismo difícilmente explicable derogar una ley cuando el Tribunal al que has recurrido la considera conforme a derecho).

De hecho, si yo quiero derogar una ley, ni siquiera necesito recurrir al TC (por si las moscas). Basta con ganar las elecciones y, con la mayoría suficiente, mandar la ley al cubo de la basura (Nota: El cubo de la basura es donde acaban, en los abortorios conformes a la Constitución Española, los "bienes dignos de protección jurídica"). Es lo que hizo Zapatero ante leyes aprobadas por los gobiernos de Aznar, como la que consideraba delito la convocatoria de referéndum independentistas o la ley de Educación que estaba sacando adelante el ministerio presidido por Pilar del Castillo; nada de recurrir al TC (así no nos pillamos los dedos), sino decir que las derogaremos cuando gobernemos (como así fue).

En cambio, si no quiero derogar una ley (pero necesito aparentar que la ley no me gusta), recurrirla ante el TC es una maniobra de distracción muy útil (palabra, además, muy apreciada entre el electorado del PP): si el TC (nombrado a dedo por PP y PSOE, recordemos) falla que la ley es conforme a derecho (algo que no me impide derogarla, volvamos a recordar), me sirve de excusa para no tener que hacer nada (no pensaba hacerlo, pero ahora tengo parapeto tras el que esconderme), mientras mis ilusos votantes creen que tengo las manos atadas.

Y si el TC falla que la ley es inconstitucional....pero, hombre...¿cuándo, en los 30 años de existencia del Tribunal Constitucional, ha fallado éste que una ley aprobada por un gobierno español -de unas siglas u otras- sea "inconstitucional"?.

Tres cuartos de lo mismo (o lo mismo) ha ocurrido con el estatut: El PP podría haber afirmado tranquilamente que lo derogaría cuando tuviese la mayoría parlamentaria suficiente, pero lo recurrió ante el TC. Unos años después, hasta el propio PP prefiere echar tierra sobre el asunto (y le viene muy bien el silencio del TC al respecto, no sea que falle contra el estatut y ponga al PP en un aprieto). Y que el TC lleve años sin fallar sobre el estatut demuestra que es tan flagrantemente inconstitucional que ni los cerebros del TC encuentran la pirueta semántica adecuada para fallar a favor del bodrio.

Resumiendo: Que el que quiere derogar una ley, la deroga. Y el que no, la recurre ante el Tribunal Constitucional.

PS: Que al PP le gusta la "ley Aído" (digan lo que digan) lo demuestra la negativa de Soraya a contestar si el PP derogará la ley (como mucho, afirmó, "la modificará"). Y lo demuestra, también, la solución al aborto "propuesta" por Rajoy en la convención pepera en Barcelona (aparte de las treinta monedas de plata que esperan algunos) : la educación sexual en los colegios (sí, "educación sexual en los colegios", antes conocida como perversión de menores ; una de esas cosas que tan malas nos parecen cuando las hace el PSOE y que tan razonables son cuando las hace el PP, ¿verdad, don Benigno?). Una "propuesta" con la que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, está en perfecta sintonía.

PS2: En la próxima entrada, hablaremos del porquero de Agamenón, reencarnado por un día nada menos que en el cuerpo de Pepiño Blanco.